El sistema judicial boliviano vuelve a quedar bajo la lupa. Entre enero y junio de 2025, el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción recibió 238 denuncias contra jueces y fiscales, según informó la viceministra Susana Ríos.
De ese total, 209 casos ya fueron concluidos. En dos de ellos, se recomendó al Consejo de la Magistratura la realización de auditorías jurídicas, mientras que 26 denuncias derivaron en procesos disciplinarios tanto en el Órgano Judicial como en el Ministerio Público.
Además, tres denuncias fueron trasladadas a las unidades de transparencia internas de esas instituciones para su investigación. Otros 110 casos quedaron en seguimiento por parte del Consejo de la Magistratura y 68 fueron rechazados tras la evaluación inicial.
¿Cómo se compara con el año anterior?
La viceministra Ríos también detalló que durante 2024 se recibieron 519 denuncias, con 462 casos concluidos. Ese año, 16 casos fueron derivados al Consejo con recomendaciones de auditoría, 72 generaron procesos disciplinarios y 257 quedaron bajo seguimiento institucional. Solo 47 fueron rechazados.
Reafirmación del compromiso contra la corrupción
Ríos subrayó que estos reportes muestran el compromiso del Gobierno con la transparencia y la rendición de cuentas en el sistema judicial. “Es fundamental fortalecer los mecanismos de control para asegurar que los operadores de justicia actúen con probidad”, afirmó.
Las cifras evidencian que, aunque hay avances en el seguimiento y procesamiento de denuncias, persiste un flujo sostenido de casos que revela problemas estructurales en la conducta de algunos administradores de justicia.