Fue ministro de Gobierno de Jeanine Áñez, pero acabó tras las rejas en EE.UU. por lavado de dinero y sobornos. Ahora enfrenta pedidos de extradición por múltiples causas abiertas en Bolivia.
Cuando en 2019 Arturo Murillo Prijic asumía el Ministerio de Gobierno de Bolivia bajo la administración transitoria de Jeanine Áñez, pocos imaginaron que dos años después sería arrestado en Estados Unidos por un escándalo internacional de corrupción. Hoy, tras cumplir más de dos años de prisión federal en Miami, Murillo ha salido de la cárcel, con un grillete electrónico en el tobillo y bajo vigilancia migratoria. Su situación jurídica en Bolivia, sin embargo, sigue tan comprometida como al inicio.
¿Por qué fue arrestado y condenado en Estados Unidos?
Murillo fue detenido en mayo de 2021 por el FBI en el estado de Florida, junto a otros cómplices. La justicia estadounidense lo acusó formalmente de:
- Conspiración para cometer lavado de dinero
- Soborno a funcionarios públicos estadounidenses
- Uso del sistema financiero de EE.UU. para ocultar fondos ilícitos
La trama giraba en torno a la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos para la Policía boliviana durante el gobierno transitorio. Según la investigación, Murillo favoreció a la empresa estadounidense Bravo Tactical Solutions LLC, mediante contratos inflados por más de 2 millones de dólares, de los cuales una parte fue lavada en bancos de Estados Unidos a través de empresas de fachada y transferencias internacionales.
El exministro aceptó un acuerdo con la Fiscalía del Distrito Sur de Florida, en el cual admitió su culpabilidad. Como resultado, el 4 de enero de 2023 fue condenado a 70 meses de prisión (casi seis años), pero fue liberado anticipadamente en junio de 2025 por beneficios penitenciarios.
¿Qué lo espera en Bolivia?
Mientras Murillo intenta mantenerse fuera del radar público, en Bolivia su situación judicial es igualmente delicada. El Gobierno nacional, a través de la Procuraduría General del Estado, ya ha solicitado su extradición, amparado en tratados internacionales.
Estas son las principales causas que enfrenta en su país:
- Proceso por la compra irregular de gases lacrimógenos
- La misma operación por la que fue condenado en EE.UU. está judicializada en Bolivia. En este caso están implicados exfuncionarios del Ministerio de Defensa y el Ministerio de Gobierno.
- Investigación por enriquecimiento ilícito
- Se sospecha que Murillo acumuló bienes y recursos económicos injustificados mientras ejercía funciones públicas.
- Proceso por resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes
- Durante su gestión se aprobaron decretos y operativos cuestionados, especialmente relacionados con la represión en Sacaba y Senkata.
- Responsabilidad política y penal por violaciones a los derechos humanos
- Aunque no ha sido procesado directamente por las masacres de 2019, organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales han solicitado que se investigue su responsabilidad como autoridad política durante la represión a manifestantes.
El hombre que prometía “mano dura”, ahora espera una decisión diplomática
Murillo fue el rostro más agresivo del gobierno transitorio. Se presentó como el símbolo del orden, de la lucha contra el “terrorismo” y el narcotráfico. Pero tras su caída, emergió el perfil de un funcionario que aprovechó el poder para beneficiarse económicamente y operar al margen de la ley.
Ahora, liberado en territorio estadounidense, la pregunta es clara: ¿será extraditado para responder ante la justicia boliviana o logrará evadir nuevamente las consecuencias de sus actos? Fue ministro de Gobierno, promotor del “orden”, y terminó condenado por corrupción. ¿Puede un hombre con este prontuario volver a caminar impune por las calles?