El sistema de justicia boliviano enfrenta uno de sus mayores escándalos institucionales. Una red de influencias, audios filtrados, detenciones sorpresivas y acusaciones cruzadas colocaron al exministro de Justicia, César Siles, en el centro del denominado caso Consorcio, una investigación por presunta manipulación judicial para favorecer la designación de un magistrado en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Siles, quien fuera parte del gabinete político del presidente Luis Arce, se presentó este jueves ante la FELCC de La Paz para declarar voluntariamente. Sin embargo, ya pesaba sobre él una orden de aprehensión ejecutada al instante. Desde entonces, permanece en celdas policiales a la espera de su declaración como investigado.
El audio que desató el escándalo
Todo estalló el fin de semana, cuando se filtró un audio atribuido al exministro y al juez de Coroico, Fernando Lea Plaza. En la grabación se oiría una supuesta coordinación para destituir a la magistrada titular del TSJ, Fanny Coaquira, y así posibilitar la posesión de su suplente, Iván Campero.
La revelación encendió las alarmas en la Fiscalía, que activó una investigación por delitos de consorcio y tráfico de influencias. El propio Lea Plaza, hoy detenido en el penal de San Pedro, declaró haber recibido presiones desde “el más alto nivel” del Ministerio de Justicia.
La denuncia alcanzó a otras figuras clave del aparato judicial: la vocal Claudia Castro, el magistrado suplente Iván Campero, el abogado José Ramiro Uriarte y el expresidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Yván Córdova, todos actualmente aprehendidos o bajo medidas cautelares.
Una defensa que apunta a “montaje” y manipulación
Desde el momento de su aprehensión, la defensa legal de Siles rechazó las acusaciones. El abogado Franklin Gutiérrez denunció irregularidades en el proceso y en la prueba principal del caso: el audio.
“No se puede pinchar teléfonos y luego armar conversaciones. Ese material ha sido inconstitucional e ilegalmente obtenido. No sabemos ni siquiera si está en la cadena de custodia. Queremos que se respete la legalidad”, declaró Gutiérrez antes de la audiencia de su cliente.
Según el jurista, no se puede imputar a una persona “solo con la declaración de otro imputado” y calificó el proceso como plagado de anomalías. Siles, por su parte, denunció que detrás del escándalo hay intereses políticos y mencionó indirectamente al expresidente Evo Morales como su principal detractor.
Cae una red de alto nivel
Con Siles, ya son cinco autoridades de peso las que cayeron en esta trama. Lea Plaza fue el primero. Luego le siguieron Claudia Castro, que se descompensó en su audiencia cautelar y debió ser trasladada en ambulancia; Iván Campero, quien recibió detención domiciliaria con escolta policial; y Uriarte, beneficiado con arresto sin custodios.
Yván Córdova, el expresidente del TDJ paceño, fue aprehendido en las últimas horas y deberá declarar ante la comisión de fiscales.
Fiscalía en pie de guerra
El fiscal general del Estado, Róger Mariaca, expresó su desacuerdo con las medidas sustitutivas otorgadas a Campero y Uriarte y anunció que la Fiscalía apelará las decisiones. Además, defendió la legalidad de la investigación y confirmó que el caso fue declarado en reserva.
“Casi todas las personas implicadas ya han sido aprehendidas, detenidas preventivamente o se encuentran bajo medidas cautelares”, afirmó.
Más allá de las rejas
El caso Consorcio no solo revela una posible estructura de poder dentro del sistema judicial, sino que deja al descubierto los vacíos de control institucional y las tensiones políticas que atraviesan el país.
Mientras la vocal Claudia Castro ya fue trasladada al penal de Obrajes —pese a estar convaleciente—, su defensa alertó sobre amenazas contra su vida. “Ella envió a prisión a personas que hoy están recluidas en el mismo penal. Está en riesgo”, denunció su abogado, Marco Mostajo.
El trasfondo
Todo apunta a que el objetivo de la supuesta red era asegurarse que Iván Campero, cercano a intereses políticos, asuma en el TSJ. Para ello, se habría presionado a jueces, redactado fallos irregulares y manipulado los mecanismos de revisión de credenciales.
La magistrada Fanny Coaquira, por su parte, se mantiene en funciones, pero las investigaciones también detectaron irregularidades en su habilitación.
Un sistema en crisis
Las reacciones no tardaron. El vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, consideró “tardía” la aprehensión de Siles. El expresidente Tuto Quiroga, por su parte, sostuvo que “solo otro gobierno podrá sanear esta crisis”.
Mientras tanto, el país observa con escepticismo el avance del caso Consorcio, que desnuda una red de influencias y favores en los más altos niveles del aparato judicial.