¿Cuál es el caso de los esposos Andrade al que hizo referencia Tuto Quiroga en el debate presidencial?


Fuente: Medium / Urgente.bo

En octubre del año 2000, Bolivia fue sacudida por un hecho brutal en medio de las protestas cocaleras en el trópico de Cochabamba. Cuatro personas —entre ellas el teniente de Policía David Andrade (26 años) y su esposa Graciela Alfaro (19 años)— fueron secuestradas, torturadas y asesinadas presuntamente por cultivadores de coca en represalia por las labores de erradicación de cultivos que realizaban las fuerzas del orden en la zona del Chapare.

Las otras víctimas fueron los sargentos Gabriel Chambi y Silvano Arroyo. De acuerdo con los informes de investigación y testimonios recogidos en esos años, los cuatro fueron secuestrados, golpeados, torturados y posteriormente ejecutados. El cuerpo del teniente Andrade mostraba signos de haber recibido un picotazo en la cabeza que le provocó la muerte. Su esposa, según versiones recogidas en la época, fue violada delante de él, mutilada y asesinada con extrema violencia.

Las acusaciones y el señalamiento contra Evo Morales

Tres años después, en 2003, el diario Los Tiempos publicó el testimonio de Nancy Fernández, quien se presentó como testigo de los hechos y acusó directamente al entonces dirigente cocalero y diputado nacional Evo Morales de haber ordenado las ejecuciones. Según esa versión, Morales habría instruido:

“Háganlos desaparecer para mi vuelta o hagan lo que quieran. Ahorita soy capaz de matar a estos tipos que están adentro”.

Fernández también mencionó a Margarita Terán, entonces también dirigente cocalera, como coautora intelectual de la orden. La sobrina de Crisóstomo Rodríguez, otro de los implicados, denunció a varias personas como autores materiales, entre ellos: Marcelino Vargas, Wilson Ramos, Florián Nina, Guido Vargas, una persona de apellido Almanza y un hombre apodado “Mokotaki”.

La información recogida indica que los secuestrados fueron llevados primero a la casa de un dirigente en Capihuara, donde continuaron siendo golpeados y torturados. Luego fueron obligados a caminar por una senda durante seis horas hacia una zona selvática, donde finalmente fueron asesinados y enterrados en una fosa común.

El testimonio de los familiares y la denuncia de impunidad

Sandra López, viuda del sargento Julio Veramendi, y Maico Andrade, hermano del teniente asesinado, también señalaron al propio Evo Morales como responsable del secuestro y asesinato de sus familiares. López relató entre sollozos que pidió de rodillas a Morales que le dijera dónde estaba el cuerpo de su esposo. Según ella, él respondió:

“¿Ustedes gritan por cinco cuerpos, y qué de los cocaleros?”.

Asimismo, el exdirigente sindical Filemón Escobar reveló en una entrevista que la decisión de asesinar a los esposos Andrade se tomó en un ampliado de emergencia del Chapare, en el que participaron al menos 200 personas y fue presidido por Morales y Terán.

Un caso cerrado sin esclarecer

Las acusaciones nunca fueron comprobadas judicialmente. El proceso fue cerrado por falta de pruebas, y los abogados de los señalados rechazaron categóricamente las versiones que los vinculaban a los hechos. Evo Morales, por su parte, denunció que las acusaciones eran parte de una campaña impulsada por el gobierno de entonces para desprestigiar al movimiento cocalero.

A raíz de este caso, Morales fue expulsado del Parlamento en 2002. Sin embargo, recuperó su curul después de que un fallo judicial declarara que la decisión, promovida por el presidente de entonces Jorge Quiroga, fue ilegal.

La sombra del silencio

A más de dos décadas del crimen, el caso sigue envuelto en una profunda impunidad. En el Chapare impera el llamado “código del silencio”, donde cualquier persona que brinde información sobre los hechos puede ser víctima de represalias.

Hasta hoy, el asesinato de los esposos Andrade-Alfaro y de los otros policías no ha sido esclarecido. La justicia boliviana no ha podido —o no ha querido— determinar con precisión quiénes fueron los autores materiales, intelectuales y cómplices de este crimen atroz. La negligencia estatal, sumada a intereses políticos, ha dejado impune una de las tragedias más oscuras de la historia reciente del país.