Fuente: Visión 360 por Marco Antonio Belmonte
La salida ilegal de alimentos y combustibles desde Bolivia —conocida como contrabando a la inversa— no solo provoca escasez y encarecimiento de productos en el país, sino que también afecta a países vecinos como Chile, Perú y Argentina, donde las incautaciones de mercancía boliviana aumentan a ritmo preocupante.
Según el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando, los productos que más salen ilegalmente son: huevo, carne, azúcar, harina, aceite, gasolina, diésel y gas licuado de petróleo (GLP). Un fenómeno que se ha intensificado por la combinación de precios subvencionados, tipo de cambio artificial y un débil control fronterizo, según expertos consultados por Visión 360.
Una distorsión económica con impacto regional
Mientras el arroz boliviano se vende a 760 bolivianos (190 soles) por quintal en Perú, en Argentina un cajón de huevos de contrabando se oferta en 26 dólares, muy por debajo del producto local. En Chile, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) decomisó más de un millón de huevos procedentes de Bolivia en solo seis meses, advirtiendo sobre el alto riesgo sanitario de estos productos.
Para Gary Rodríguez, gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), el contrabando a la inversa genera un doble perjuicio: “Disminuye la oferta en el mercado interno y encarece los productos, mientras afecta también a los exportadores formales por las restricciones que se imponen en un intento de contener el problema”.
El Índice Nacional de Estadística (INE) confirma esta tendencia: la inflación específica de alimentos alcanzó el 31,48% en los últimos 12 meses, con una acumulada de 20,12% hasta junio.
Factores que alientan el contrabando
Rodríguez identifica dos causas principales:
- La subvención estatal a carburantes y alimentos que genera precios artificialmente bajos en Bolivia.
- La escasez de dólares y un tipo de cambio oficial desconectado de la realidad, que convierte al contrabando en un negocio sumamente rentable para quienes operan en moneda dura fuera del país.
El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Giovanni Ortuño, fue más directo: “Este es un problema estructural, agravado por la falta de control estatal en las fronteras y una política económica que termina fomentando el contrabando. Además, hay una tolerancia social y complicidad institucional que permite que todo siga igual”.
Por su parte, Eduardo Iriarte, presidente de Cadinpaz, advierte que este fenómeno no solo daña la economía formal, sino que precariza el empleo, debilita la inversión y facilita la expansión de redes criminales internacionales.
Un negocio ilegal con rostro multinacional
El contrabando a la inversa ha sido denunciado por entidades de los países vecinos. En Argentina, la Cámara de Productores Avícolas (Capia) reporta que más de medio millón de huevos ingresan cada día desde Bolivia y Brasil, afectando al productor local y sin control sanitario alguno.
En Perú, el poblado de Virupaya, a pocos kilómetros de La Paz, se ha convertido en un punto caliente del contrabando, según un reportaje de Infobae. Desde ahí cruzan quintales de arroz, fideos, azúcar y combustibles hacia mercados peruanos donde son vendidos a precios más bajos que los productos locales.
Millonarias pérdidas y riesgo de sanciones comerciales
El IBCE estima que el contrabando de combustibles representa una pérdida de al menos $us 600 millones anuales para Bolivia, con un 30% de los carburantes subvencionados saliendo del país.
Además de los perjuicios económicos, esta situación pone en riesgo las relaciones comerciales del país. La exportación ilegal evade impuestos, no cumple normas fitosanitarias y puede generar restricciones internacionales por la falta de trazabilidad, según el asesor empresarial Gustavo Jáuregui.
¿Quiénes se benefician?
Según los expertos de Visión 360, los principales beneficiarios son:
- Redes organizadas de contrabando, que operan de forma sistemática en zonas fronterizas.
- Comerciantes y transportistas informales, que ven en esta práctica una fuente rápida de ingresos.
- Consumidores extranjeros, que acceden a productos bolivianos a precios menores.
- Actores públicos o privados cómplices, que facilitan el paso ilegal a cambio de sobornos o por omisión.
Medidas urgentes
Frente a este panorama, los empresarios proponen una batería de medidas estructurales:
- Revisión y focalización de subsidios para evitar distorsiones de precios.
- Fortalecer la inteligencia aduanera y militar, usando tecnología como IA y georreferenciación.
- Crear zonas económicas especiales y ferias transfronterizas reguladas.
- Endurecer el marco sancionatorio, incluyendo la creación de juzgados especializados.
- Campañas educativas para desincentivar el consumo de productos ilegales.
Además, el sistema B-SISA debería aplicarse de manera efectiva para monitorear el consumo de combustibles y detectar desvíos.
Militarizar las fronteras y sincerar los precios
El sector avícola propone la militarización de las fronteras para frenar la salida ilegal de productos como el huevo o el maíz. Por su parte, Rodríguez plantea que el verdadero camino pasa por un sinceramiento de precios internos, que reduzca el incentivo para sacar productos de forma ilegal.
Mientras tanto, el contrabando a la inversa sigue creciendo, impulsado por la depreciación del boliviano, la escasez de divisas y la débil respuesta estatal. Su impacto ya no se limita a Bolivia, sino que altera los mercados de toda la región.